Los severos cuestionamientos a varios de nuestros ex mandatarios, nos obliga una vez más a formular un juicio valorativo sobre la Seguridad Jurídica que como país nos corresponde presentar. Un examen autocrítico no es nada auspiciador. El Poder Judicial sigue atrapado en su rémora de incompetencia y de falta de confianza, y seguirá así, mientras la administración de justicia carezca de previsibilidad.
El problema no reside solo en el magro presupuesto anual que se le destina, o solo en la falta de independencia, de idoneidad o de honestidad de sus integrantes. Más grave y gravitante resulta, la falta de participación valorativa de los propios jueces que con su incompetencia y rémora, desalientan el proceso de desarrollo del pais.
Antes, el modelo del juez probo, equivalía al magistrado abnegado y austero, que hacía de su actividad un ministerio y casi una renuncia a su propio bienestar material. Hoy su misión ha cambiado de manera radical, porque su participación tiene que anexarse a la preservación de la Seguridad Jurídica, imprescindible para nuestro crecimiento económico, al punto que, mantenerla, equivale a acrecentar la fragilidad política interna, que puede ser un ingrediente indispensable, para que las agencias calificadoras de riesgos, nos concedan mayor confiabilidad en la medición del riesgo país-inversión.
El Perú de hoy, vive una nueva oportunidad. Es imperativo reconocer que sin Seguridad Jurídica, presentamos una desventaja, pese a estar considerados como un país pequeño, pero presente en las grandes ligas. Se trata entonces de una cuestión de profundo nacionalismo, de autoestima del suelo, de pudor frente al destino de las generaciones futuras. La Seguridad Jurídica, contribuye al crecimiento, a la aceptación internacional, a la integración regional y finalmente al fortalecimiento de nuestra estructura económica, en la búsqueda de un crecimiento para una mejor distribución de la riqueza.
Pero el Poder Judicial, sigue adormitado. Por eso es que los empresarios peruanos han buscado la vía alterna del arbitraje para la solución de sus conflictos. Hace poco, me comentaba un vocal de la Corte Suprema, que los casos de mayor importancia o envergadura económica, ya no se ven en el Poder Judicial. No debería de ser así. Pero esa es la respuesta que los propios integrantes del Poder Judicial han propiciado.
El meollo del problema del Poder Judicial, es sin duda la ausencia de liderazgo y su tibio patriotismo, porque nadie ha marcado su derrotero, nadie le ha dicho a los jueces que son actores y protagonistas especiales del camino del bienestar y del desarrollo. Se les dice en cambio que pueden ser sancionados, porque lo que más se ha adelantado en el fuero judicial, es el rol de la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) y en consecuencia, hay una noción evidenciada de castigos, pero no hay una articulación con el rol social del aparato de administración de justicia.
No obstante, hay que prestarle también atención al desarrollo de los arbitrajes en el Perú. La concentración en una sola institución tampoco es saludable. Y precisamente, la consecuencia de no contarse con mayor número en la oferta, está determinando que se le dé preferencia a los arbitrajes ad hoc, que consisten en buena cuenta en que cada parte nombra a un árbitro de derecho o de conciencia, y los dos designados, al presidente de tribunal. Quizás por esa razón, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica ha decidido efectuar algunos ajustes en su medianamente complicado mecanismo, para concederse una presencia más activa, en la solución de conflictos. Y al igual que el Centro de Arbitraje de la American Chamber, es saludable que se creen nuevos centros, que compitan en calidad y credibilidad, sin convertirse en núcleos cerrados en beneficio de pocos abogados integrando una lista exclusiva de árbitros elegibles.
Será igualmente importante revisar la Conciliación Extrajudicial, que no ha dado los resultados esperados, porque los Centros de conciliación, en su mayoría, no concilian. Hay Centros de Conciliación que tienen tarifas de cincuenta soles y por esa cantidad, no acude el conciliador con el ánimo de evitar que el conflicto llegue al Poder Judicial, y por el contrario, contribuye a recargarlo en su ya pesada y desesperante carga. Por eso la Conciliación Extrajudicial, se ha convertido en un requisito más, para presentar una demanda formal ante el fuero jurisdiccional y eso es solo, más burocracia.
La Conciliación Extrajudicial tendría que ser revisada por el Ministerio de Justicia, reorientándose el papel del conciliador, quizás a través de una modificación legal que desanime a quien desoyendo una formula de arreglo propuesta por el conciliador, se anime a acudir innecesariamente al Poder Judicial.
Al final tanto los operadores de justicia, los árbitros y los conciliadores, cumplen un rol de jueces, porque tanto en la vía judicial como en la arbitral y en la de conciliación, se obtienen soluciones finales a los conflictos de intereses. El tema está en que cada participe en esos roles, comprenda que su participación es de vital importancia, en beneficio de la seguridad jurídica.
